La mayoría de los contratos que las personas comunes y corrientes celebran en su vida diaria se rigen por la Ley del Consumidor. En su mayoría, estos contratos no son libremente negociados entre el consumidor y la empresa respectiva, sino que son las empresas las que determinan el contenido del contrato, limitándose el consumidor simplemente a aceptar o rechazar las condiciones que se le ofrecen.
En este contexto, cobran gran importancia práctica los juicios respecto de casos individuales de infracción a la Ley del Consumidor. De acuerdo a dicha Ley, los tribunales ante los que se tramitan los casos individuales de infracción a la misma son los Juzgados de Policía Local.
Los Juzgados de Policía Local dependen administrativamente de las Municipalidades, pero judicialmente de las Cortes de Apelaciones respectivas. Esta «doble dependencia» genera una diferencia de recursos según la comuna de la que dependa el tribunal respectivo, que a su vez influye directamente en los tiempos de duración del juicio.
A diferencia de los juicios civiles, el procedimiento en el Juzgado de Policía Local está diseñado para concentrarse en una sola audiencia (el comparendo de contestación, conciliación y prueba). Sin embargo, en la realidad si una de las partes no es notificada a tiempo o si se requiere alguna diligencia probatoria que tomará más tiempo del habitual, el comparendo se suspende. Reagendar una nueva audiencia puede tardar de 3 a 6 meses dependiendo de la carga del tribunal.
En cuanto a la sentencia, la Ley establece que el juez debe dictar sentencia en un plazo de 15 o 30 días desde que la causa queda para fallo. Sin embargo, en juzgados de comunas con alta actividad comercial (como Santiago, Las Condes o Providencia), el retraso real puede extender este plazo a más de un año.
Además, existen una serie de barreras que dificultan que los consumidores puedan hacer valer sus derechos en un juicio ante un Juzgado de Policía Local:
Costos de notificación: Cualquiera sea la cuantía del juicio, la notificación de la demanda o querella será siempre de cargo del consumidor, y el costo de dicha notificación varía según si la notificación debe realizarse dentro o fuera de la comuna en que funciona el Juzgado.
Costo de honorarios de abogados: Si bien en las causas de baja cuantía la Ley autoriza a actuar en juicio sin abogado, lo cierto es que es muy probable que las acciones deducidas sin abogado no tengan éxito.
Falta de Digitalización: Aunque se han hecho algunos avances (por ejemplo, la Ley 21.241), la gran mayoría de los Juzgados de Policía Local aún operan con expedientes materiales o sistemas internos que no son compatibles con la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial, dificultando el seguimiento para el consumidor común.
Sobrecarga de los Juzgados de Policía Local: Desde la reforma de 2018 a la Ley del Consumidor (Ley N° 21.081), los plazos de prescripción para denunciar infracciones a la Ley del Consumidor aumentaron de 6 meses a 2 años. Esto disparó el ingreso de causas en tribunales que ya estaban saturados con infracciones de tránsito, ley de copropiedad y patentes.
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